Una familia en el condominio San Ramón fue brutalmente asaltada, con los delincuentes utilizando la camioneta de las víctimas para un saqueo que se estima en $80 millones. A pesar de la detención de los sospechosos, estos fueron formalizados solo por receptación de vehículo, generando un sentimiento de impunidad.*
En la madrugada del pasado miércoles, una familia residente en el condominio San Ramón, en La Serena, vivió un aterrador asalto a las 04:00 horas. Cinco individuos, aprovechando la oscuridad y el silencio, irrumpieron violentamente en su hogar, sometiendo con brutalidad al matrimonio y a su hijo. Los delincuentes, armados con cuchillos, amarraron a las víctimas y exigieron dinero, joyas y otros objetos de valor.
La situación se agravó cuando los asaltantes, tras no encontrar lo que buscaban, cargaron televisores, cámaras, ropa y muebles en las camionetas Nissan NP300 y Hyundai Santa Fe de las víctimas. El saqueo duró cerca de 40 minutos antes de que los delincuentes abandonaran el condominio, dejando a la familia devastada.
Carabineros, alertados por el conserje del condominio y la denuncia del propietario, encontraron la camioneta robada en avenida Balmaceda. La persecución resultó en la detención de dos sospechosos: un hombre de 23 años con antecedentes por robos y una mujer de 22 años sin antecedentes previos. El jefe de hogar identificó al detenido como uno de los delincuentes, quien además vestía ropa de la familia robada.
Sin embargo, al día siguiente, en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, los detenidos fueron formalizados solo por el delito de receptación de vehículo motorizado. El hombre recibió medidas cautelares de firma semanal, prohibición de salir del país y acercarse a la víctima, mientras que a la mujer se le impusieron las dos últimas restricciones. A pesar de la evidencia de robo con violencia, solo se les acusó de receptación, lo que ha dejado a la familia en shock y frustrada con el sistema judicial.
El fiscal Ricardo Salinas formalizó únicamente el delito de receptación, lo que llevó a la liberación de los sospechosos. Esta decisión ha generado malestar en la comunidad, que siente que la justicia no ha sido adecuada para un delito de violencia extrema. Las víctimas piden una revisión urgente de los procesos judiciales para garantizar penas más severas para los delitos de robo con violencia.
La Fiscalía Regional ha indicado que la formalización de cargos puede modificarse si surgen nuevos antecedentes durante la investigación. El diputado Juan Manuel Fuenzalida ha solicitado información al fiscal nacional sobre los criterios utilizados para calificar los hechos y el aumento de delitos en la región.
La familia afectada espera que la Fiscalía tome medidas para asegurar justicia y que se continúe con la investigación para capturar a los demás miembros de la banda delictual.
